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Ante esta situación de pasividad política, el último bastión para conseguir la tan mentada "justicia" era precisamente el Poder Judicial, quien tenia en manos un amparo presentado por la Multisectorial contra los Tarifazos, pero decidió mantener el status quo de aumentos imperante.
Consideramos que era el momento oportuno para poder brindar a los rosarinos y rosarinas un aliciente ante la situación económica en franca detracción, pero lamentablemente el Poder Judicial no supo (o no quiso) estar a la altura de las circunstancias, convalidando los atropellos del poder político de turno y dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión absoluta, posponiendo una decisión judicial a plazos excesivamente burocráticos.
El principal responsable de esta situación no es el Poder Judicial, sino el Gobernador Miguel Lifschitz y la Intendenta Mónica Fein.
El gobernador es el responsable de las decisiones de la provincia, y siendo la EPE una empresa provincial, debe velar por que todos los santafesinos tengan acceso a la red eléctrica, tanto para su consumo como para la producción y el comercio; y lamentablemente, con los aumentos establecidos, ambos se verán resentidos.
Sobre la intendenta pesa la responsabilidad política de no ponerse el frente de los problemas de los rosarinos, de gestionar y conseguir beneficios para los más afectados, de hacer oídos sordos a los cienos de comercios que van cerrando, a los miles de locales comerciales desocupados y al prohibitivo acceso a la luz que representan las tarifas locales, señaló la edila justicialista.
