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La iniciativa, que define a la transición como el “proceso de cambio de la administración del Poder Ejecutivo de la Provincia, que se inicia al día siguiente de emitida el Acta de Proclamación de Autoridades Electas por el Tribunal Electoral Provincial y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes”, establece quienes son los sujetos alcanzados por la nueva normativa y cuáles son sus obligaciones.
En su articulado el proyecto crea el Ente de Transición Democrática que será, de ser aprobado, el organismo de aplicación de la Ley y el encargado de su reglamentación. Asimismo dispone que los gobiernos, saliente y entrante, deben designar representantes a fin de llevar a cabo el traspaso, estableciendo para estos últimos deberes específicos.
Para finalizar, se determina que quienes incumpliesen las obligaciones surgidas de la Ley en cuestión, serán pasibles de las sanciones previstas por el código penal para el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de otras responsabilidades de carácter administrativo o civil.
Entre los fundamentos, el legislador sostiene que “es necesario no dejar librado a la buena voluntad o disposición de las partes intervinientes que el traspaso de funciones entre quienes dejan el gobierno y quienes lo asumen, tenga un desarrollo y un final exitoso. Legislar sobre este estadio democrático específico, apunta a mejorar la calidad institucional ya que objetiviza los pasos a seguir para una transición ordenada y positiva”.
“La práctica nos muestra que no siempre el gobierno saliente, en los tres niveles del Estado, facilita el acceso de las autoridades entrantes a la información necesaria para establecer líneas de acción aún antes de asumir el gobierno, lo cual impactaría positivamente en la comunidad. Por ello creemos que es importante establecer claramente las reglas de juego para lograr lograr el objetivo deseado”, finalizó Palo Oliver.
