En ese pronunciamiento, Rousseff insistió en su inocencia de las acusaciones de irregular manejo de los presupuestos, dijo que si se llega a su destitución Brasil estará ante un "golpe de Estado" y sostuvo que la solución para la crisis política y económica del país "pasa por el voto popular en unas elecciones directas".
Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró un proceso de destitución cuya fase final comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, posiblemente con su condena y desalojo del poder. La mandataria perderá el cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios del Senado), que los favorables a su destitución ya parecen haber consolidado.
