 |
El proyecto plantea que “los bienes muebles e inmuebles de una empresa multinacional o subsidiaria serán automáticamente transferidos al estado provincial para luego ser administrados por los trabajadores de la planta, en caso de despido masivo (más de veinte personas) sin causa o cierre”.
A su vez, establece que el despido masivo de trabajadores o el cierre de una empresa sin fundamentos económicos “constituye un delito contra la paz social y comunitaria”. Los daños particulares y colectivos que genera “necesitan ser reparados por el productor del mal” y “el pago de las indemnizaciones correspondientes no alcanzan a saldar las pérdidas económicas y sanitarias, individuales y comunitarias”.
Del Frade explicó que el proyecto “intenta defender la continuidad de las fuentes de trabajo pensando, sobre todo en ArZinc y en Acindar Navarro. Pensando en las viejas y renovadas luchas de la clase obrera”.
“Es hora de sancionar a los delincuentes de guante blanco. Queremos limitar el poder de los grandes empresarios intentando forzar la política y la legislación para que los términos expropiación y control obrero de la producción tengan sentido en la vida práctica de los que son más”, concluyó.
