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La opinión de la procuradora general no es vinculante para la sentencia de fondo que la Corte prepara para mañana. Sin embargo, será otro precedente negativo para la suba ordenada por el Gobierno y, en especial, una postura que puede exponer a los jueces si horas después resuelven de una manera bien diferente a la de Gils Carbó. "Trabajamos durante todo el fin de semana, haciendo consultas puntuales, principalmente, a especialistas en derecho económico", reveló una fuente de la Procuración que estimó que el dictamen de Gils Carbó llegará a la Corte hoy a primera hora.
La procuradora tiene bien clara su postura respecto al aumento de las tarifas de gas, que en algunos casos superaron el 700%. Cree que es obligatorio convocar a audiencias públicas, en línea con el pedido que le hizo la Corte al Gobierno hace un mes, y sostiene que no se pueden descuidar los derechos de los consumidores previstos en la Constitución Nacional. No desconoce la potestad del Ejecutivo para fijar la política tarifaria, pero cree que es función de la justicia advertir en caso de que se infrinja la ley.
En el entorno de la procuradora existen molestias con el tratamiento que desde el Gobierno le dieron al rol de Gils Carbó en el tema. "Buscaron instalar que ella había firmado dictámenes previos respaldando los aumentos de servicios en otros casos, algo que nunca sucedió", describen. Y añaden que el dictamen que se conocerá hoy por la mañana tendrá relación con las opiniones que ya han expresado en diferentes fallos una decena de fiscales de todo el país a los que les tocó intervenir. Ninguno de ellos respaldó los aumentos de las tarifas.
