Giustiniani: "El Gobierno incumple con la Justicia"


Vencido el plazo dado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo YPF no entregó el Contrato firmado con Chevrón. La empresa presentó un escrito intentando seguir dilatando el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de noviembre pasado; es decir nueve meses. La Corte dijo: "El derecho de acceso a la información es del pueblo de la Nación Argentina y no del Estado" y ordenó entregar copia del Contrato a Rubén Giustiniani.

Ante el grave incumplimiento de la demanda judicial, los representantes legales de Rubén Giustiniani presentaron un escrito exigiendo la ejecución de la Sentencia con la incautación por un oficial de justicia y demandando a las autoridades de YPF por desobediencia judicial.

La resolución de la Cámara que otorgaba un plazo de 5 días, había llegado tras la última audiencia entre las partes celebrada el pasado 27 de junio y a más de 8 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor del amparo presentado por el actual diputado Rubén Giustiniani para que el contrato entre las petroleras YPF y Chevron deje de ser secreto y se den a conocer todas las cláusulas por la explotación de Vaca Muerta.

“YPF deberá cumplir con la entrega de la totalidad de la documentación requerida en el plazo establecido por la señora jueza de primera instancia. En caso contrario, deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal”, sostuvo de forma categórica el fallo de la Sala 1.

“Contrariamente –continúa- a lo que expone YPF, el Máximo Tribunal examinó y resolvió, de una manera categórica y definitiva, todos los planteos que formuló durante el juicio. Así, se ha cerrado el debate. Es inadmisible, en consecuencia, que, por vía de una errónea interpretación de los argumentos expuestos en ese fallo, se pretenda poner nuevamente en examen aquellos planteos, desconociendo la autoridad de la cosa juzgada, que, como es bien sabido, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, en tanto la estabilidad de las sentencias es un presupuesto ineludible de seguridad jurídica y es, también, exigencia del orden público con jerarquía superior”, fundamentó la Cámara.

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