La Justicia pide las declaraciones juradas de funcionarios del Gobierno


En el marco de la investigación del origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, el juez federal Ariel Lijo solicitó a la AFIP las dos últimas declaraciones juradas presentadas por la funcionaria. Además, pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de la Fundación SUMA, que preside Michetti, y de otras ligadas a Pro y a referentes del partido, como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Lijo busca conocer el origen de los 245.000 pesos y 50.000 dólares que le sustrajeron a Michetti el 22 de noviembre, el día del balotaje, en un hecho que recién se conoció hace un mes, y por el que está procesado el policía sospechoso de haber cometido el delito. El magistrado quiere dilucidar si la plata que la vicepresidenta tenía en su casa era lícita.

Además de las declaraciones juradas de Michetti, y del legajo de la Fundación SUMA, el juez pidió a la IGJ los papeles de las fundaciones Fundar, Seguridad y Justicia, Creer (presidida por Néstor Grindetti), y Crecer y Formar (presidida por Guillermo Dietrich).

Reclamó los “antecedentes registrales” de las fundaciones y que se le informe “si las mismas fueron beneficiarias de donaciones efectuadas por terceros contribuyentes en el 2015”. El juez accedió a las medidas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuan, que imputó a Michetti tras una denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero en relación al robo.

Los diputados kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade pidieron los informes sobre las fundaciones, más allá de SUMA, la vinculada a Michetti. Cuando se conoció el robo en su casa, la vicepresidenta negó que el dinero fuera ilícito. Explicó que $ 200.000 representaban donaciones a SUMA, que los otros $ 45.000 eran para refaccionar la casa, y que los US$ 50.000 eran un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

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