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“Se revisó la seguridad, pero la actividad es normal”, indicaron fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero esta nueva amenaza se suma a hechos de inseguridad que tocaron de cerca a la propia Vidal; al ministro de Gobierno, Federico Salvai; y al intendente de La Plata, Julio Garro, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, entre otros.
Cabe señalar que las comunicaciones en los penales están prohibidas, que los reclusos no deberían tener celulares a su disposición, precisamente porque éstos son utilizados con fines delictivos, sobre todo por aquellos a los que les espera una condena prolongada, y no dudan en romper las reglas. El gobierno de Vidal rapidamente hizo la denuncia, pero en realidad debió haberse auto inculpado.
