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Cabe mencionar que el Sinceramiento Fiscal consiste en una ley de amnistía de capitales no declarados y un plan de moratoria tributaria, con el que aspiraría a registrar bienes, depósitos y efectivo que se encuentran fuera del sistema tributario y fiscal con el que busca captar divisas que permitan equilibrar la balanza fiscal, reducir la elevada inflación e impulsar la alicaída economía del país”, según explicó el propio Gobierno Nacional.
En ese sentido, el presidente de la Unión Cívica Radical en la Provincia de Santa Fe abogó por la necesidad de que “Santa Fe no quede afuera del programa nacional de sinceramiento fiscal” aunque explicó que se trata de una ley “con particularidades propias” con una tasa del 1 por ciento sobre todo lo que se declare vinculado a las cargas provinciales –excepto que el importe total no supere los 350 mil pesos-“.
Según adelantó el legislador, quedarían exceptuados del pago de ésta tasa quienes compran bienes inmuebles en Santa Fe, bienes muebles para la actividad productiva, letras de la Provincia, o bien aquellos que inmovilicen el dinero en el Nuevo Banco de Santa Fe o Banco Municipal de Rosario.
También en los casos en que pueda justificarse un proyecto de inversión. Galdeano subrayó la importancia de la Ley Nacional que apunta a la reparación histórica anunciada por el Gobierno Nacional para Jubilados y Pensionados.
En ese sentido, destacó que, según los cálculos estimados, se recaudarán 60 mil millones de pesos que serán destinados directamente a los pasivos de la Provincia de Santa Fe. El titular del radicalismo santafesino vaticinó que la implementación de ésta Ley puede ser “exitosa” dada la confianza que genera el Gobierno Nacional y que “se trata de una gran oportunidad no solamente para regularizar la situación fiscal de muchos argentinos sino también para la cooperación directa para los jubilados de nuestra provincia, que naturalmente motoriza la iniciativa”.
Según las estimaciones del Gobierno Nacional, a través del régimen de sinceramiento fiscal, podrían recaudarse aproximadamente 20 mil millones de dólares, a través de los procedimientos explicados oportunamente que son llevados adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
