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El desencadenante de la discusión fue la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que da vía libre a que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países puedan ser considerados a la hora de otorgar o no un pedido en la Argentina.
Según publicó el diario La Nación, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), plantearon que la norma del INPI "vulnera principios contemplados en seis leyes, y además va a permitir 'importar' patentes extranjeras subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional en favor de intereses económicos de otros países".
La cámara podría presentar un amparo para frenar la implementación de la resolución e incluso analiza denunciar a Dámaso Pardo, titular del INPI-. Pardo es abogado y fue miembro hasta mediados de este año del estudio Pagbam -Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h)-, que asesora a empresas transnacionales en materia de propiedad intelectual. Junto a su segundo, José Alfredo Martínez de Hoz -hijo del ex ministro de Economía de la dictadura-, fueron denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones.
