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"Está de moda esto de recibir amenazas, hay intentos desestabilizadores aprovechando la situación", expresó el mandatario santafesino sobre un episodio ocurrido el jueves 25 de agosto, fecha en que se realizó la primera marcha por seguridad.
"Hice una denuncia al fiscal Baclini, se abrió una investigación, está detectada una persona en Buenos Aires. Fue allanado su domicilio", mencionó Lifschitz sobre un operativo que no pudo dar con la persona buscada.
Dicho planteo fue el contexto que el mandatario eligió para abordar, luego, el cotrapunto que quedó expuesto entre la administración nacional y su gestión sobre el fracaso en la firma del convenio para garantizar el desembarco de efectivos federales en la provincia.
Lifschitz manifestó que el lunes habían llegado a un entendimiento con la ministra Bullrich en torno a un convenio que determinaba protcocolos de procedmiento, pero que "el miércoles fue alterado a partir de la incorporación de un artículo burdo en su redacción e inconstitucional en algunos aspectos".
"Nos enteramos de la modificación primero por los medios y apenas tuvimos confirmación de los cambios planteados de manera unilateral, los objetamos y sugerimos su corrección", dijo el mandatario.
Apuntó sin miramientos a la minsitra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre los cortocircuitos existentes en las acciones conjuntos para contener el delito. "Ha habido declaraciones de la ministra el miércoles, que son afirmaciones que afectan no solo políticamente, sino la dignidad de la institucionalidad santafesina", se explayó el gobernador.
