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En este marco, se desmarcan del marco jurídico legal de alcance nacional que a su entender “busca desde lo jurídico torcer una relación de fuerzas desigual”. Según indica la información suministrada por Ciudad Futura, “su propuesta garantiza con mecanismos locales hacer más fácil la vida de los inquilinos empoderándolos y brindando herramientas que faciliten la búsqueda, la permanencia en el tiempo en una misma vivienda y evite los abusos”.
Según anticiparon, mediante la creación de 5 nuevos instrumentos, todos gestionados por el nuevo ente Inmobiliaria Pública, se le garantiza al inquilino saber en qué estado recibe el inmueble a través de un sello de garantía (y evitar así que los arreglos estructurales queden a su cargo), poder recurrir a una instancia de mediación en caso de conflictos, saber los precios de las propiedades por zona, tener un sistema de garantías públicas para alquilar y la creación de una plataforma digital que concentre todo el mercado de alquiler en un solo lugar a fin de facilitar la búsqueda, manejar los tiempos y poder generar vínculos directos entre los propietarios e inquilinos evitando así uno de los mayores gastos como son las comisiones que se llevan las inmobiliarias.
