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De acuerdo al proyecto impulsado por la diputada del GEN, tampoco podrán tener participación accionaria de ningún tipo en sociedades radicadas en el exterior que no hagan oferta pública, y cuyo objeto principal sea la realización de cualquiera de las actividades financieras mencionadas.
Así lo estipuló en una iniciativa presentada en la Cámara baja, en la que, además, le da un plazo de 6 meses a funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública para adecuarse a la norma y realizar la repatriación de los fondos, libre de todo gravamen interno, en la medida de que se trate de fondos debidamente declarados.
