Fue a partir de denuncias de propietarios que habían sido despojados de sus inmuebles por "juicios fraudulentos, usurpaciones violentas y documentaciones falsas". Según detalló, las operaciones ilegales fueron realizadas por un grupo de 15 personas, entre las que figuran reconocidos empresarios y profesionales.
Se les imputará el delito de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y lavado de activos. En la causa hay alrededor de 50 propiedades (casas, departamentos y campos) que cambiaron de dueño bajo esta modalidad delictiva y se estima que el monto de la estafa supera los 50 millones de pesos.