Asediados por el escándalo internacional de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano le soltó la mano a las compañías que no abonaron el tributo de tasa única por 10 años consecutivos y decidió difundir los nombres de las 290.534.
Esto evidencia poco o nulo interés y herramientas para recaudar y controlar, en tanto que el negocio de las offshores moviliza gran parte de su economía.