El fiscal Aldo Gerosa, del MPA Reconquista, los acusa de haber adquirido el móvil por un precio mucho mayor al de mercado, con un subsidio triangulado con integrantes de la comunidad aborigen de Los Laureles y con una factura trucha.
El subsidio en cuestión otorgado por el gobierno provincial a la comunidad Colashi, por gestión de Zancada, fue de 478.000 pesos. Pero el precio del Unimog no pudo superar, según la estimación del fiscal del caso, los 100.000 pesos.