Realizaron jornada por la declaración de la emergencia social en la ciudad


En el recinto de sesiones del Palacio Vasallo, se realizó pasado el mediodía la jornada por la declaración de la emergencia social de la que participan gremios, organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular. A los autores de la iniciativa, Eduardo Toniolli, de Partido Justicialista, y Celeste Lepratti, de Frente Social y Popular, se sumaron los ediles Juan Monteverde y Pedro Salinas, de Ciudad Futura; Lorena Giménez Belegni, de Partido del Progreso Social.

También participaron del encuentro junto a: Mesa Social Rosario; Octubres Rosario; Movimiento Evita; UOM (No al cierre de Acindar); CTEP (Confederación de Trabajadores de la economía popular); CCC (Corriente Clasista y Combativa); Juntas y a la izquierda; Kolina Alicia Kirchner; Patria Grande; PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo); MST; Movimiento Popular Libertador Gral. San Martín; Cooperativa de Cartoneros Unidos Rosario MTE CTEP; y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Al comienzo del acto, Eduardo Toniolli de dirigió a los presentes, en un marco colmado de público, tanto en las bancas como en la barra de asistentes, y dijo: “Compañeros y compañeras de organizaciones sociales, gremios y sindicatos, comenzamos la jornada en apoyo a la declaración de la emergencia social a nivel nacional. Además tenemos que gestar una agenda por la emergencia local”. 

Seguidamente Lepratti hizo lo propio y expresó: “Sentíamos la necesidad y la urgencia de dar este debate. Adherir al proyecto nacional de emergencia debido a la situación crítica que se viene desarrollando en el país. A su término, se pasó a organizar una foto conjunta de los ediles presentes con los referentes de las diferentes organizaciones previo a dar lectura a un documento multisectorial acordado entre todos los actores por la declaración de la emergencia social.

En lo que respecta al documento, se mencionan la necesidad de proveer de todos los recursos locales, provinciales y nacionales al servicio de los más necesitados para dar respuesta relativas a infraestructura y servicios.

Además impulsan un plan de empleo de alcance nacional desde el sector público y cuestionan la “política de importaciones y puertos que afectan la economía nacional”. También el documento da cuenta y repudia la criminalización de la protesta social, el protocolo de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich; el ajuste a los beneficiarios del sistema económico desde la dictadura a la fecha; la política de despidos; la especulación financiera; la complicidad estatal, entre otros.

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