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Es decir, la causa del deterioro de la condición en que viven y habitan los rosarinos no tuvo que ver con las inmigraciones de los países hermanos y las migraciones internas como alguna vez escuchamos explicar al ex gobernador Hermes Binner, sino por el corrimiento del Estado de los barrios, el vaciamiento de las políticas sociales y la falta de políticas de urbanización y vivienda.
Un dato: la inversión en vivienda de la última gestión provincial no superó el 1% del presupuesto total de la provincia de Santa Fe. A su vez, un aspecto que va más allá de los porcentajes: la extrema precariedad de los asentamientos en Rosario no tiene paralelo con la de los grandes centros urbanos del país.
En nuestra ciudad, las construcciones no pasan de casillas levantadas sobre maderas, cartón, chapas, nailon y, en muchos casos, con pisos de tierra; a diferencia de los procesos que atravesaron los asentamientos de otras ciudades, donde en los últimos años fueron pasando a formas de edificación en base a ladrillo y materiales de construcción, e incorporando modos mínimos de urbanización.
Esta realidad no es ajena al proyecto de ciudad y al rol del Estado municipal que terminó por consolidarse en los últimos años, sancionando ordenanzas y códigos urbanos que definieron un modelo de desarrollo urbano desigual y excluyente, a gusto y parecer de la tasa de ganancia de los grandes empresarios inmobiliarios y de la construcción.
La sumisión del Estado local a la inversión especulativa privada en la construcción y el mercado inmobiliario, proveniente de las rentabilidades extraordinarias del sector agroexportador de la región y también del lavado de dinero con origen en el narcotráfico y las economías delictivas, como dijimos más de una vez y se ha público en las últimas semanas, es lo que explica la paradoja de que nuestra ciudad haya sido la que más metros cuadrados construyó en toda Sudamérica - a razón de 5.800 viviendas por año - de la mano del empeoramiento de la realidad habitacional de la ciudad, teniendo 80 mil departamentos deshabitados y prácticamente la misma cantidad de familias con su derecho a la vivienda vulnerado, y con más asentamientos informales hoy que en los años ’90.
Un nuevo rol del Estado, con políticas públicas de urbanización y promoción del acceso a la primera vivienda, herramientas que regulen el mercado inmobiliario y el uso de la tierra, y un modelo de desarrollo urbano fundado en el bien común y la igualdad de oportunidades, son los pasos imprescindibles para que la vivienda deje de ser un negocio para pocos y pase a ser, efectivamente, un derecho que todos tenemos.
