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“Proporcionalidad” y “progresividad” son los dos conceptos que defienden y buscan implementar desde la Defensoría del Pueblo a fin de que los aumentos guarden relación con los sueldos de los consumidores y que no se busque recuperar en un corto tiempo un déficit añoso.
“Creemos que en materia de lo que son los mayores costos de las empresas: los salarios, los insumos, las energías que se usan; evidentemente, tienen que estar lo más próximos a los ingresos de los trabajadores y al costo de la vida oficial”, sostuvo Lamberto.
Además, se mostró empático con los déficits empresarios y sostuvo que es un deseo compartido que las empresas recuperen sus economías y perduren en el tiempo; no obstante, reconoció que esto último no puede ser logrado a costa del detrimento de los ciudadanos.
