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El director aclaró que aquellas personas que formen parte del programa, sólo lo podrán hacer por orden judicial y que serán evaluados por un equipo interdisciplinario durante el tiempo que dure su trabajo.
El proyecto, presentado por el diputado socialista Jaoquín Blanco junto a la Dirección, beneficiaría a unos 4 mil reclusos y establece que el Estado se haga cargo por tres años de la mitad del pago de ingresos brutos por cada empleado. Según El Ciudadano, también estipula capacitación laboral permanente y gratuita para los presos y con la posibilidad de acceder a créditos de hasta 10 mil pesos para emprendimientos familiares o cooperativas.
