 |
"A pesar de que ha bajado la siniestralidad alrededor del treinta por ciento en los últimos años, ha aumentado la litigiosidad más de trescientos por ciento.
Si se analiza la cantidad de juicios presentados en relación a la cantidad de accidentes, la distancia crece año a año y eso complejiza muchísimo más un sistema que le asegure a un trabajador la cobertura que se merece para rehabilitarse y reinsertarse en el ámbito de trabajo y, en el caso de que no pueda, a hacer asegurarse las prestaciones correspondientes para el resto de su vida", dijo el ministro.
Según los datos presentados por el superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Gustavo Morón, existen en curso alrededor de 340.000 juicios por accidentes laborales que equivalen a un monto de u$s 4.500 millones, de los cuales 120.000 corresponden a 2016, en un marco en el que la capacidad operativa del Poder Judicial es de 35.000 causas judiciales por año.
El incremento interanual en la litigiosidad es del 15%, a la vez que el 70% de las controversias por siniestros laboral pasan directamente al fuero judicial y solo el 30% son resueltas en las comisiones médicas.
Por tal motivo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso "apunta a bajar la judicialización, que viene en incremento desde 2004, trayéndole grandes problemas al financiamiento del sistema" y establece que "las comisiones médicas sean únicas, obligatorias y excluyentes" encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, como una instancia previa al inicio de cualquier acción judicial, sostuvo Morón.
Al respecto, Triaca aseguró que "el sistema como estaba funcionando no le servía a los trabajadores. En éste, cualquier trabajador que tenía un accidente pasaba hasta 90 días sin ser atendido por una comisión médica que determine lo que correspondía, pero tampoco se le aseguraba un proceso litigante acelerado, sino que llevaba tres años de juicios".
"El proyecto también apunta a la enorme cantidad de trabajadores de las provincias y municipios que no tienen cobertura de riesgos de trabajo. Apunta a mejorar la posibilidad de acceso a todas las provincias, entendiendo las características particulares y dándole las facultades a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para adecuar los planes de cobertura de los trabajadores", marcó el ministro. Las provincias fuera de dicho sistema ascienden a nueve y las comunas a más de 1.000, según datos del Ministerio.
Por otro lado, Triaca remarcó que en la actualidad el sistema "está en una situación compleja. En la Argentina los últimos cierres de las pólizas en relación a las distintas actividades rondan el 6% o 7% y esto impacta enormemente en relación a la masa salarial, a la distribución de esos recursos en favor de los trabajadores, en favor del empresario, o en favor de la reinversión para poder desarrollar nuevos emprendimientos.
Cuando uno tiene que arrancar un proyecto con una alícuota de esta magnitud, todo lo demás se hace mucho más difícil". Por último, Morón adelantó que "dentro de un año o menos va a haber una Ley de Prevención de Riesgos de Trabajo".
