Casanello tomó esa decisión tras un pedido del fiscal federal Franco Picardi, que consideró que no hubo ningún delito en el hecho que generó la reacción de la oposición al conocerse la determinación administrativa que implicaba una fuerte baja en el haber jubilatorio.
Fernando Miguez, titular de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, fue quien denunció a los funcionarios por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tras el decreto que dispuso reajustar el aumento jubilatorio desde el inicial 12,96% al polémico 12,65.