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Se sumarán gravísimas sanciones en el marco de manifestaciones y endurecerá las penas quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Las sanciones serían de hasta diez años de cárcel y da rienda suelta a la policía para realizar detenciones durante las protestas.
Entre sus fundamentos, el proyecto de ley, es “no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”.
