Aunque el abogado de Baez, Maximiliano Rusconi, apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario son $800 millones-, sino también considerar que muchos de los bienes "pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional".
En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar "la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado" en caso de que se confirme los investigado en la causa: el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz.