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Proyecto para que funcionarios y legisladores no sean mencionados en la publicidad oficial


A partir del polémico caso de la intendenta de La Matanza Verónica Magario que ploteó 40 patrulleros con su nombre, el concejal Sebastián Chale recordó que en Rosario hay un proyecto presentado que prohíbe la mención de funcionarios, legisladores y/o candidatos en la publicidad oficial de la ciudad.

“En 2014 presentamos una iniciativa que busca regular íntegramente la publicidad oficial, impidiendo, entre otros puntos, la promoción o contratación de publicidad oficial que difunda nombres propios de funcionarios, legisladores y candidatos a cargos electivos”, explicó el edil.

La propuesta sostiene que la publicidad oficial es una herramienta de comunicación del Estado que contribuye a garantizar a la comunidad el acceso a la información y que la comunicación entre Estado y ciudadanía debe estar basada en la existencia de necesidades concretas de comunicación.

Además, argumenta que la publicidad oficial no debe ser utilizada como medio propagandístico de la gestión de gobierno de turno ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión. Por ello debe contener información objetiva, simple, oportuna y accesible. No debe contener nombres propios ni estar firmada por funcionarios de turno.

“Es inadmisible que se empleen los recursos de la ciudadanía para exaltar nombres propios. Los logros son de una gestión, no de una persona, una gestión que debe estar siempre al servicio del ciudadano”, remarcó el autor del proyecto.

Chale destacó que la publicidad oficial debe servir para “transparentar y fiscalizar las relaciones entre Ejecutivo, Concejo y medios de comunicación; garantizar la utilidad pública y contribuir a la consolidación de un sistema de medios plural” y que sus propósitos deben ser: “promoción de valores; información de derechos y obligaciones de los ciudadanos; fomento de comportamientos sociales y participación de la sociedad civil en la vida pública; difusión de procesos electorales, consultas populares, medidas de seguridad, políticas culturales, económicas, productivas y sociales, entre otras”.

Finalmente, la iniciativa prohíbe también que las comunicaciones oficiales contengan orientación partidaria; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico; que menoscaben políticas públicas; que desacrediten o denigren a una persona física o jurídica y que contengan información engañosa, subliminal y/o encubierta.

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