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“Seguimos de cerca la falta de aplicación de una ordenanza, la 8522 que tiene 7 años y que regula al personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general. Vemos que se repiten hechos de violencia hacia jóvenes en los boliches por personal que no sabemos si está autorizado para realizar la actividad de control de admisión”, indicó Giuliano.
“Es el tercer pedido de informe que presentamos para conocer si la Ordenanza está operativa. Es lamentable que no hayamos tenido respuesta no sólo para garantizar seguridad a toda persona que concurra a cualquier boliche sino también para el mismo personal de ACAP que reclama estar mejor organizado y más controlado para que no recaiga en ellos las conductas irregulares que pueda tener personal que funciona como patovica pero no está autorizado para realizar esa función”, manifestó el edil.
