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En un informe de 152 páginas, aprobado el miércoles por unanimidad por Lamberto (peronismo), Javier Fernández (peronismo), Jesús Rodríguez (UCR), Alejandro Nieva (UCR), Juan Ignacio Forlón (kirchnerista), Gabriel Mihura Estrada (Frente Renovador), María Graciela de la Rosa (peronismo) se hacen esas serie de observaciones.
Rodríguez, ex diputado nacional y ex ministro de Economía, explicó que “las observaciones fueron hechas y esperamos que sean subsanadas", pero “lo que es un despropósito, aunque no ilegal, es que la Corte tenga invertidos a plazo fijo 12.700.000.000 pesos cuando el resto del Estado tiene déficits y pide prestado al exterior pagando una alta tasa de interés”.
Ese dinero invertido en el sistema financiero proviene de la ley de autarquía de 1991 que, además del presupuesto que le asigna el Congreso, el poder judicial tiene derecho a cobrar el 3,5 por ciento de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Tesorería Nacional.
La plata está depositada en los bancos de la Nación y Ciudad. El tema es aún más polémico porque el Consejo de la Magistratura de la Nación, que propone y destituye jueces, es deficitario y depende para su funcionamiento de adelantos del Gobierno.
