 |
El decreto, que se suma a otro sobre la "emergencia económica", determina que "podrán ser restringidas las garantías" para ejercer los derechos constitucionales a excepción del "derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".
A partir del decreto de este martes, el Ejecutivo venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".
La medida le permitirá a Maduro decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político". Este decreto será enviado directo al Tribunal Supremo de Justicia venezolano para ser validado en vez de buscar la aprobación de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición y se encuentra "en desacato" según la Justicia.
