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La iniciativa de Daniela León insta a que “el Gobierno Nacional revea la decisión tomada en función de que las pensiones por discapacidad garantizan derechos indiscutibles de este colectivo vulnerable y en consecuencia proceda a dar su alta de manera inmediata”.
“Es un grave error esta situación, puesto que se invocan una resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo” enfatizó la concejala Daniela León.
La declaración fue aprobada por la totalidad del Concejo Municipal, a excepción del bloque Unión PRO Federal que decidió abstenerse en la votación.
“La protección estatal para las personas con discapacidad ya es un derecho inalienable con rango constitucional y no es objeto de negocio. Lo que está haciendo el gobierno es un retroceso muy grande, de una torpeza conceptual inédita".
"Es un claro perjuicio de garantías constitucionales a un colectivo vulnerable como lo es el de las personas con discapacidad. Lo que la ministra no tiene en cuenta al aplicar el decreto de 1997, es que esa norma ahora es violatoria de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que Argentina incorporó en 2008 y que en 2014 asumió jerarquía constitucional. En ese momento, el paradigma era otro: la discapacidad era considerada una enfermedad y, por lo tanto, era una problemática abordable desde la salud".
"Hoy no, hoy una persona con discapacidad es un sujeto de derecho, no un objeto de asistencialismo. Por eso su abordaje se da desde los Derechos Humanos. Lo que hace el gobierno implica un retroceso profundo. En nombre del ajuste, consideran un gasto lo que es un derecho consagrado por tratados internacionales” finalizó León.
