La demanda fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1 de agosto del año pasado y podría resultar en un resarcimiento de 300 mil millones de pesos.
La convocatoria, decidida por unanimidad, fue dirigida a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Para evitar un “retraso extensivo en la tramitación de la causa”, la Corte fijó un plazo máximo de 15 días para que la demandante curse las notificaciones al resto de las provincias argentinas.