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La causa gira en torno a que las autoridades del PRO en Santa Fe están acusadas de “no poder acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos” como parte del financiamiento de los partidos políticos en 2012.
El actor y el intendente están acusados por presunta violación del artículo 63, inciso b, de la Ley Nº 26.215, de financiamiento de los partidos políticos. Según la investigación, en 2012 los referentes del PRO santafesino no pudieron justificar el origen y destino de unos 300 mil pesos.
En aquel momento, al ejercer su defensa, Del Sel -diputado nacional hasta marzo de 2015 y candidato a gobernador santafesino ese año- calificó el reproche judicial como “formal” e “insignificante”. Pero el fiscal electoral Walter Rodríguez replicó que “los hechos imputados son de suficiente entidad para conmover el estado de inocencia” de ambos políticos.
