 |
El pedido consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultamiento de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad, pero aparece registrado a nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.
El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de San Pablo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras. La Procuraduría solicitó, además, que el acusado y sus cómplices paguen una multa de 87 millones de reales (33 millones de dólares).
