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La misma tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso. En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho.
Sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.
El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen "serios indicios" de que el mandatario incurrió "con vigor" en prácticas corruptas.
