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El informe de la CIDH sobre la situación de Milagro Sala fue un golpe directo al Gobierno Nacional y en su afán de mostrarse inflexible mandaron al secretario de DDHH, Claudio Avruj, a expresarse oficialmente y terminó cayendo en contradicciones y hasta desafiando al organismo internacional.
La primera posición del Gobierno fue un comunicado del ministerio de DDHH en el cual obligadamente informa que comunicará a "las autoridades judiciales y administrativas" de Jujuy las medidas solicitadas "tendientes a garantizar su integridad personal", para "su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales".
