Denuncian censura para encubrir a Lorenzetti


El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó un proyecto que pretende que la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declare "su preocupación por los hechos de censuras recibidos por los periodistas Emilio Grande, Natalia Aguiar y Gerardo Zanoni, y la persecución laboral recibida por el doctor Carlos Chiapero, todos en la ciudad de Rafaela, como consecuencia de sus trabajos e investigaciones" sobre Lorenzetti.

En los fundamentos de su proyecto, el también periodista rosarino indica que su colega rafaelino Emilio Grande, periodista del diario La Opinión, "fue despedido de su espacio y luego de la radio FM Red del Plata" luego de sostener que “hay una mano negra en las entidades médicas rafaelinas” y agregar un comentario sobre las presiones del doctor Ricardo Lorenzetti a jueces de la ciudad. En el texto de Del Frade se menciona también el caso de una periodista que escribió una biografía de Lorenzetti.

"La periodista Natalia Aguiar, autora del libro ‘El señor de la Corte’, no pudo presentar el libro en Rafaela. Incluso su producto no está en los escaparates de las librerías locales. Y Gerardo Zanoni, que debía acompañar a Natalia Aguiar en la presentación del libro, tuvo que irse de la radio ADN”, puntualiza el proyecto.

También relata la situación del médico Carlos Chiapero, quien "después de haber integrado durante doce años la mesa directiva de la Asociación Médica, seis de los cuales se desempeñó como presidente, sufrió las consecuencias de haber denunciado al doctor Lorenzetti por su sociedad con los dueños de la salud privada de la ciudad”.

Del Frade reproduce en el texto una nota que le dirigió Chiapero contándole los problemas que según su denuncia le acarreó mencionar a Lorenzetti: “Luego de 34 años de ejercer la profesión acá en Rafaela, me encontré con me negaban la autorización para internar y operar al 70 – 80 por ciento de mis pacientes.

Presenté una denuncia ante el (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) Iapos en Santa Fe y si bien la asesora legal me dio la razón y ordenó que me autorizaran las internaciones de sus afiliados, continuaron negándome las autorizaciones. Volví a Santa Fe y cuando le pregunté al entonces director del Iapos, sobre quién tenía el poder de decisión, si el gobierno socialista o los empresarios de la salud, me contestó: ‘Ellos’”.

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