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El acto fue formalizado con una presentación firmada ante escribano público y girada a las autoridades actuales y futuras de ambas cámaras del Congreso. Este mediodía, los líderes del espacio están en conferencia de prensa para dar más detalles sobre la decisión.
La Ley de Fueros (25.320), ampara a los diputados y senadores ante una investigación judicial para que no puedan ser detenidos ni allanados en sus domicilios o oficinas. Se reglamentó en el 2000, cuando el escándalo por las coimas en el Senado sacudió al gobierno de Fernando de la Rúa.
Lo establecen los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución. El primero indica que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".
