Según fuentes del Ministerio del Interior, las empresas que ejecutan obras con fondos públicos deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Constructoras de Obra Pública para poder operar y en el caso de Odebrecht esa autorización estaba vencida el 30 junio de 2016.
En atención a que Odebrecht tienen abiertos "varios procesos judiciales y administrativos" en Argentina y en el exterior que involucran a la empresa en "prácticas corruptas", el gobierno decidió suspender el proceso de tramitación de la firma por doce meses.