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En sintonía con lo expresado por el gobierno de Mauricio Macri y en diálogo con Télam, la funcionaria dijo que la Oficina Anticorrupción "no es ajena a las demandas de la sociedad" y que le consta "que hay una desconfianza muy alta respecto del manejo poco transparente del dinero de las obras sociales y otros fondos públicos que reciben muchos sindicatos", aunque aclaró que sabe que "no son todos iguales los sindicalistas".
"Hemos tomado el desafío de estudiar qué mecanismos legales existen o podrían existir para aumentar el nivel de transparencia y control sobre el patrimonio de los jefes de los sindicatos y obras sociales. Son fondos millonarios y estamos hablando de la plata de los trabajadores, de la gente que trabaja en una fábrica o un comercio y que aporta para su salud, no para que la oligarquía sindical, la cúpula, se enriquezca", aseveró.
La ex diputada del PRO anunció que ya dispuso "un grupo legal dentro de la Oficina Anticorrupción que lo está estudiando" y que van a trabajar "en dos planos, el primero es encontrar algún mecanismo dentro de la futura reforma de la ley de Ética Pública, para generar la presentación pública de las Declaraciones Juradas de los titulares de las obras sociales y los jefes sindicales".
