Todo era cuestión de tiempo después de que el 1 de agosto se instalara la Constituyente, promovida por el presidente venezolano precisamente para inhabilitar a la Asamblea Nacional (ya lo intentó con el Tribunal Supremo, y tuvo que rectificar). tras unas elecciones inconstitucionales y bajo sospechas de fraude.
Ante la incomparecencia de los parlamentarios opositores en la reunión convocada, la Constituyente chavista acordó, por decreto, «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminecia de los derechos de los venezolanos».
La ANC adoptó esa decisión después de que la directiva del Parlamento venezolano rechazase acudir a una reunión convocada por la Constituyente, un órgano que los opositores consideran ilegítimo y califican de instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
