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Las habilitaciones precarias del predio vencidas, la obligatoriedad de traslado debido a la normativa que impide desarrollar actividad portuaria hacia el sector norte, y la negativa de permisos que autoricen nuevos nuevos trabajos generó una situación de conflicto con trabajadores de la empresa, muchos de los cuales han sido despedidos o suspendidos.
Presidió el encuentro el titular de comisión Martín Rosúa, de UCR 1983; y los ediles Caren Tepp, de Ciudad Futura; Carlos Cossia, de Peronismo Solidario; Enrique Estévez, de la bancada Socialista; Aldo Poy, de Partido Demócrata Progresista; y Alejandro Rosselló, de Unión PRO Federal. En la ocasión los ediles adelantaron la gestión de un encuentro con el Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO) junto con los trabajadores para definir cuestionaes relativas al esquema de la empresa, su funcionamiento, y factibilidad real de traslado.
Por su parte, sobre el cierre del encuentro, los operarios reiteraron lo expresado en la reunión pasada y advirtieron que la empresa desaprovechó siete oportunidades de negocio con tres barcos y cuatro barcazas que fueron a realizar sus reparaciones al vecino país de Paraguay debido a que el Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO) no autoriza nuevos permisos hasta tanto no se efectivice el traslado. En este escenario sólo quedarían en forma efectiva unos 7 u 8 operarios frente a una planta estable de unos 20 trabajadores.
