Remarcó que la posición del gobierno como querellante es defender la ley aprobada por consenso por distintas fuerzas políticas en la Legislatura provincial aunque admiten que el fallo puede no ser favorable ya que hay "opiniones controvertidas" en el máximo tribunal de Justicia.
Dijo que "la provincia es querellante en esa causa, el gobierno plantea que es necesario el cumplimiento de la ley que fue sancionada con el consenso de las distintas fuerzas políticas".
"Más allá de esta controversia judicial, nosotros queremos que se cumpla la ley en Rosario, hemos sido claros durante todo el proceso", dijo más allá de que aclaró que serán "respetuosos" de la resolución judicial.
Dijo que "lo que termine definiendo la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, significará de alguna manera el punto final de esta discusión".
El ministro admitió que las opiniones están divididas entre los jueces. "Sabemos que es controvertido, pero esperamos que se defina porque no es un tema menor para la actividad comercial y para los trabajadores del sector", concluyó.
