Imputaron a Aranguren y Laura Alonso por las represas de Santa Cruz


La fiscal Paloma Ochoa imputó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". El caso se originó por una denuncia del senador Fernando “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale.

Se cuestionaba la designación de Jorge Marcolini como subsecretario de Energía Hidroeléctrica de la cartera de Aranguren, un ingeniero que antes había sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA), la consultora que realizó el primer estudio de impacto ambiental del proyecto, de la que también sería accionista.

El otro problema, es que Marcolini también es director de la empresa estatal EBISA, quien realizó el último informe de impacto ambiental que luego el mismo funcionario debió convalidar, es decir está de los dos lados del mostrador. Ver ademas: Polémica: Aranguren compra 19 vehículos de alta gama para “actividades oficiales”.

 Por esta maniobra, la fiscal Ochoa requirió al juez Sebastián Ramos la apertura de una causa contra Aranguren, Marcolini y Alonso, que es la encargada de evitar estos “conflictos de intereses”.

Según la denuncia fue "ilegal la designación de Marcolini como funcionario está conectada con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo".

Además, la denuncia aseguró que Alonso "tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG's sobre este conflicto de intereses de Marcolini".
El proyecto de las represas Kirchner-Cepernic sobre el río Santa Cruz fue adjudicado por la administración de Cristina Fernández de Kirchner a un consorcio integrado por Electroingeniería, Gezhouba e Hidrocuyo, con financiamiento de la República Popular China.

Tras algunos titubeos iniciales, Macri amagó con suspender el proyecto pero finalmente decidió reformularlo: le quitó tres turbinas y la convirtió en una generadora de “de punta” y no de “base”, como estaba previsto originalmente. El 20 de junio se realizó en el Senado una audiencia pública, por imposición de la Corte Suprema de Justicia, tras la cual se aguarda el inicio de las obras que demandarán unos 5 años.

Entrada más reciente Entrada antigua
.: Otro camino a la información :.

banner diputados

Ojo SF