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"Solicito investigar si las conductas que aquí se describen podrían encontrarse encuadradas en los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación", agregó el planteo.
La legisladora aludió a convenios firmados con la Ateven, una entidad civil santafesina, y sostuvo que se trataría de una "irregular intermediación para el manejo de fondos públicos" que, a su juicio, redundó en un sobreprecio en el pago de los mismos.
