Analizaron el catálogo de inmuebles incluidos en el programa de Preservación del Patrimonio


El secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos, el subsecretario, Javier Fedele y la directora del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, Mariel Santos recibieron este viernes 22 de septiembre a los concejales Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Horacio Girardi (Bloque Socialista) y Alejandro Roselló (Unión PRO Federal) en la sala de reuniones de la ex Aduana para dialogar sobre los pedidos de descatalogación de inmuebles que llegaron al Concejo Municipal.

Desde 2008, cuando empezó a regir la norma del Código Urbano que incluyó la catalogación de 5.580 inmuebles en Rosario, la Municipalidad asesoró a 600 propietarios en refuncionalización de edificios que tienen distintos grados de preservación.

Se les dio asesoramiento técnico para modificarlos en oficinas, locales gastronómicos, hoteles, bancos y departamentos respetando los límites de altura por zona. Ejemplos: Oroño y Jujuy, Mitre al 700, Entre Ríos al 700, Tucumán al 1900 y Moreno al 110. En el Área Histórica, donde se concentran 2.560 inmuebles protegidos.

“Les damos informes positivos de lo que pueden hacer dentro de los usos posibles y alturas permitidas por la normativa que ata el valor patrimonial con la urbanidad. Si demolieran una casa para hacer un edificio tendría el límite de altura que rige. No cualquiera”, explicó la directora del programa, Mariel Santos.

Siempre desde 2008, sólo el 10 por ciento de todos los propietarios pidieron refuncionalizar los inmuebles y fueron asistidos por la Municipalidad de Rosario para hacerlo. Sólo hubo 3 pedidos de demolición por ruina y uno fue aceptado. Hubo 10 casos en que la refuncionalización fue a departamentos respetando las alturas de la ordenanza para el sector. No hubo pedidos por fuera del Área Histórica.

En 2016, el municipio relevó que hay 40 mil metros cuadrados de plantas altas y primeros pisos en el microcentro que están ociosos y podrían refuncionalizarse aprovechando los servicios y conectividad. Resolvería déficit habitacional, mejoraría los edificios y ayudaría a generar entornos más vitales y seguros.

“Nuestro desafío es sumar aún más valor al Área Histórica”, explicó Ábalos. Cabe remarcar que a través del programa Esfuerzo Compartido, el municipio asume la mitad del costo de reparación de la fachada de los edificios catalogados para también preservar la seguridad de quienes transitan por la calle. En promedio, el metro cuadrado cuesta 2 mil pesos para dejar a nuevo la fachada. Mil son aportados por el Estado local.

El Concejo Municipal y las universidades participaron de la creación de la ordenanza. Hasta hubo una audiencia pública en el teatro La Comedia previo al debate y sanción.

Conceptualmente se decidió cuidar los inmuebles según el valor arquitectónico y habilitar distintos usos teniendo en cuenta el tramo donde está ubicado. No sólo por el valor patrimonial histórico sino por los problemas en servicios e infraestructura que trae la especulación inmobiliaria. Problemas de cochera, conexiones de luz, gas, agua, entre otros.

“Debemos sostener una política que preservó y cuida a la ciudad en su conjunto. Más que la descatalogación, debemos revisar qué inmuebles contemporáneos hoy podría incluirse en el patrimonio”, opinó Ábalos.



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