La jueza federal de seguridad social Adriana Camarata ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que “en forma inmediata” restablezca el pago de pensiones no contributivas por invalidez a residentes con discapacidad de todo el país que fueron dadas de baja por decisión de esa cartera.
Fuentes vinculadas con la causa confirmaron que la magistrada dispuso, también provisionalmente, que la cartera “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios a las personas con discapacidad”.
Al evaluar que la cuestión litigiosa promovida por asociación Redi (Red por los derechos de las personas con discapacidad) impacta sobre un sector vulnerable de la sociedad, Camarata se apartó del plazo de seis meses que la ley prevé como máximo de una cautelar contra el Estado y aclaró que su decisión provisoria tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva.
