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"Hablar de violencia solamente en el lugar de trabajo puede parecer sólo un aspecto dentro de la compleja trama de relaciones entre los trabajadores y las empresas o entre los trabajadores y el Estado, y es un aspecto de una realidad mucho más complejo que hoy afecta a todos los sectores populares de la Argentina", explicó.
“Vivimos un momento de grandes cambios en el mundo: económicos y políticos, y hoy quizás por primera vez hay un Estado administrado por un gobierno que representa de manera directa a los grupos concentrados de la economía, a los grupos más poderosos del capitalismo global con presencia en la Argentina”.
"Celebro la realización de este evento y la enorme convocatoria, en el sentido de defender los derechos de los trabajadores y las conquistas logradas, en una perspectiva de futuro y de construir alternativas", resaltó el gobernador.
"Necesitamos defender la legislación que protege los derechos laborales, porque las pretendidas reformas previsionales y laborales que se plantean, con la excusa de bajar costos, de mejorar la competitividad de las empresas y de lograr mayor eficiencia, en realidad lo que buscan es reducir derechos y, por lo tanto, debe haber en esto una acción coordinada y efectiva de las organizaciones de los trabajadores, y también con una expresión política que permita llevar a la discusión y a la agenda política estas demandas y reivindicaciones".
Lifschitz abogó por "defender el mecanismo de las convenciones colectivas, un logro de los trabajadores y de la democracia argentina" y expresó que "impulsar el trabajo decente debe ser una política de Estado, porque si el Estado no está para defender los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, ¿para qué está? Por eso creo que es muy importante el trabajo que venimos desarrollando".
El encuentro se realizó en ATE Casa España, con la organización de la Red Sindical Ambientes de Trabajo Libres de Violencia de Santa Fe, pertenecientes a distintas centrales obreras, entre ellas la CGT, la CTA y el Movimiento Sindical de Rosario, y la adhesión de la Defensoría del Pueblo, el gobierno de Santa Fe y la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
