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Básicamente, esta ley intenta frenar el gasto público por encima de la inflación en las provincias, y además, frenar cualquier intento de sumar empleados estatales por encima del crecimiento proyectado.
El proyecto ya fue consensuado con 22 de los 24 distritos y va en busca del objetivo de reducir el déficit fiscal al 3,2% en 2018 y 2,2% en 2019.
La presentación de esta iniciativa marca el puntapié inicial de un debate sobre una variedad de temas económicos que, en principio, se extendería hasta el verano en el Congreso, con sesiones extraordinarias.
