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La intención es comenzar una especie de revolución fiscalizadora en el registro de inscriptos, aplicando la presión más importante de control y detección de infracciones desde que se creó este sistema para pequeños y medianos contribuyentes.
Hay una coincidencia tanto en el Ministerio de Hacienda como en la AFIP: entre el 50% y el 60% de las personas y sociedades inscriptas estarían en situación irregular. Esto implica que de un total de 4 millones de monotributistas anotados (de los cuales no más de 3 millones están activos), entre uno y dos millones estarían en sospecha.
