La intervención se realizaría después de que el rey Felipe VI lanzó un duro mensaje contra los líderes catalanes en una declaración al país en la que apoyó al Gobierno de España y dijo que el Estado actuará para cumplir con la legalidad.
El referéndum secesionista no autorizado del domingo y la discutida actuación policial ordenada por el Gobierno central dio alas al movimiento independentista y tensó las posiciones para una posible negociación, pese a los llamados de la comunidad internacional.
En la declaración extraordinaria del martes, el rey abrió la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite adoptar medidas drásticas para proteger el interés general si una región incumple sus obligaciones o actúa en contra del mismo.
"Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía", dijo el Rey en el Palacio de la Zarzuela en un duro discurso en el que no mencionó la palabra "diálogo".