La investigación se había originado a partir de una denuncia penal presentada por el abogado Darío Antinori. Luego, la diputada electa por Unidad Ciudadana, Gabriela Cerruti, sumó otras presentaciones. Ambos habían solicitado que se investigaran presuntas irregularidades e inconsistencias entre las distintas declaraciones juradas de Macri durante su gestión como jefe de Gobierno y la que presentó ante la Oficina Anticorrupción en 2014, por su candidatura presidencial.
La jueza Paisan se apoyó en el dictamen de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, Silvana Russi, quien determinó que "nunca existió por parte del imputado la intención de omitir maliciosamente sus bienes" y expuso "que la totalidad de su patrimonio se encuentra declarado". Paisan, concluyó: "Las discrepancias obedecieron a los distintos criterios de carga que manejan los organismos receptores (AFIP y OA)".
